En Ventaquemada avanza el diálogo con buena voluntad entre los agricultores de páramo y los ministerios de Agricultura y Ambiente.
En un encuentro realizado en el municipio de Ventaquemada, la ministra de Agricultura y la ministra de Ambiente, se reunieron con campesinos que habitan en zonas de páramo y en las altas laderas de la región, en el marco de una mesa de diálogo promovida por el Gobierno Nacional para abordar tensiones históricas entre las comunidades rurales y la protección ambiental.
Durante la jornada, la ministra aseguró que “el Gobierno del presidente Gustavo Petro no tiene ningún interés en sacar a los campesinos de su territorio”, y destacó que se están dando pasos concretos para transformar la política pública hacia una relación más armónica entre el cuidado ambiental y los derechos del campesinado.
“Estamos resolviendo un conflicto histórico. Este Gobierno ha iniciado un viraje en la política pública que ya empezó a materializarse”, afirmó Carvajalino, quien recordó que las discusiones sobre la presencia campesina en los páramos llevan más de tres décadas sin una solución de fondo.
La reunión se desarrolló luego de varios días de bloqueos en la vía que conecta Bogotá con Tunja, iniciados el pasado 4 de agosto. Los campesinos manifestaron inconformidad por el incumplimiento de acuerdos pactados desde diciembre de 2024, cuando se había acordado retomar las mesas técnicas de trabajo.
Roberto Arango, vocero del gremio campesino, expresó la frustración de las comunidades rurales ante algunas políticas de conservación que, según ellos, no tienen en cuenta su realidad productiva. “Rechazamos la reconversión y la sustitución de cultivos. No podemos vivir del cuento del mínimo vital ni esperar indefinidamente los pagos por servicios ambientales”, afirmó Arango.
El líder campesino también pidió que no se imponga la figura de “guardapáramos”, al considerar que puede generar divisiones entre las comunidades. “Tememos que se conviertan en figuras de control y señalamiento sobre quienes trabajan la tierra”, advirtió.
Además, cuestionó la manera en que algunas autoridades judiciales y ambientales han tratado a los campesinos en temas relacionados con el uso del suelo y la producción agrícola, sugiriendo que se ha perdido la presunción de inocencia cuando se trata de trabajadores del campo.
El encuentro concluyó con el compromiso del Gobierno de mantener el diálogo abierto y avanzar hacia soluciones que reconozcan tanto el valor de los ecosistemas estratégicos como el arraigo campesino en estas zonas de alta montaña. Las comunidades esperan que los próximos pasos incluyan acciones concretas para garantizar sus derechos y condiciones dignas para permanecer en el territorio.