Luego de más de dos siglos y medio de espera, las comunidades campesinas del municipio de El Cocuy, Boyacá, lograron el reconocimiento legal de la propiedad de sus tierras, un derecho que durante generaciones defendieron desde la memoria histórica y el arraigo territorial.
Más de 500 familias campesinas habían sostenido por décadas que estos predios les pertenecían, pese a que administraciones anteriores desconocían el origen jurídico de dichos derechos. En 2025, gracias a la gestión del Gobierno nacional y al trabajo técnico y jurídico de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), se resolvieron de manera integral los procesos que hoy garantizan seguridad jurídica plena para las comunidades del territorio.
El área reconocida comprende 2.308 hectáreas, correspondientes a 579 predios catastrales y 417 folios de matrícula inmobiliaria, ubicados en las veredas Llano Grande, Zanjón, Palchacual y Mortiño, en jurisdicción del municipio de El Cocuy.
De acuerdo con la ANT, el proceso implicó una revisión histórica que se remonta a los años 1776 a 1809, periodo en el cual la Corona Española realizó visitas oficiales al antiguo resguardo indígena del Cocuy para evaluar la extensión, uso y titularidad de las tierras, conforme al derecho indiano. Estos procedimientos se desarrollaron bajo lo establecido en la Recopilación de Leyes de Indias, las Reales Cédulas de 1591 y la Instrucción de 1754, explicó Julián Ballén, subdirector de Seguridad Jurídica de la entidad.
Con base en este marco normativo histórico y en concordancia con la legislación vigente, la Agencia Nacional de Tierras adelantó un estudio técnico riguroso que permitió comprobar que los predios conocidos como Laguna Grande, El Higuerón y Comunidad salieron legítimamente del dominio del Estado durante el periodo colonial y se incorporaron al régimen de propiedad privada, condición que conserva validez jurídica hasta la actualidad.
Desde las organizaciones campesinas, se destacó el impacto del proceso. Roberto Arango, presidente de la Federación de Parameros del Nororiente Colombiano, señaló que las comunidades expresaron satisfacción por el resultado, al considerar que este trabajo contribuye a brindar tranquilidad, evitar el despojo y fortalecer la permanencia de las familias en el territorio.
La ANT informó además que entre octubre y noviembre de 2025 se analizaron fuentes históricas originales en el Archivo General de la Nación, incluyendo autos de venta de tierras y documentos relacionados con la reedificación de iglesias, los cuales fueron complementados con cartografía oficial del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), información catastral vigente, ejercicios de georreferenciación y verificación en campo.
Este antecedente cuenta con validez probatoria, conforme al artículo 48 de la Ley 160 de 1994, consolidando la seguridad jurídica de más de 500 familias campesinas y aportando claridad al ordenamiento de la propiedad rural en el departamento de Boyacá.
Con este avance, se reafirma el reconocimiento histórico y jurídico de los derechos territoriales de las comunidades campesinas de El Cocuy, fortaleciendo los procesos de ordenamiento rural y justicia territorial en la región.